Qué significa el nivel 2 de alerta por contaminación marina que Galicia rechaza activar en el caso de los ‘pellets’ de plástico | Medio Ambiente

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Varios voluntarios limpian las playas de Muros (A Coruña) de ‘pellets’ de plástico, este domingo.ÓSCAR CORRAL

La actuación ante los vertidos —diferentes de los hidrocarburos, con su propia regulación— que llegan a las costas españolas, como los pellets que estos días arriban a las playas de Galicia y Asturias, se regula por el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina, aprobado en el Real Decreto 1695/2012. Esta norma detalla cuatro situaciones de emergencia, que van desde un vertido en un solo municipio hasta aquellos que afectan a varias comunidades autónomas. En esta extensión del daño, son las autoridades autonómicas las que deciden si se pasa de una fase a otra. Cuando la magnitud del vertido es mayor o más grave, las autonomías pueden solicitar ayuda al Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, que solo puede actuar en el tercer nivel de alerta (denominado situación 2).

Ni la Xunta de Galicia ni el Principado de Asturias, las dos comunidades afectadas, han pedido por ahora esta intervención. Los ecologistas exigen a la Xunta que lo haga cuanto antes para contar con la ayuda del Estado, mientras que el Ejecutivo gallego ha señalado este lunes que no decretará el nivel 2 “hasta que tenga más información sobre la situación real de la marea contaminante”. El Principado, en cambio, ha manifestado su “interés” por contar con los medios de apoyo a la vigilancia y retirada de residuos que se han puesto a disposición por parte del Gobierno central.

El decreto, aprobado hace 11 años, define lo que es un “suceso de contaminación marina”: “un acontecimiento o serie de acontecimientos del mismo origen que supongan la introducción directa o indirecta en el medio marino de sustancias o energía que provoquen o puedan provocar efectos nocivos (como riesgos para la salud humana, perjuicios a los recursos vivos y a los ecosistemas marinos o costeros, incluida la pérdida de biodiversidad), y “que exijan medidas de emergencia u otra respuesta inmediata”.

El Sistema Nacional de Respuesta contempla dos subsistemas, el marítimo y el costero. El primero de ellos es competencia exclusiva del Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica. Mientras, en el costero se aplican tanto los planes locales de protección como, después, los planes territoriales autonómicos y, en último término, el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación.

El decreto señala que cuando se entre en fase de alerta habrá que poner en marcha los medios y recursos necesarios. Y se entra en fase de emergencia cuando “producido un suceso de contaminación marina, la prevención y reducción de los daños derivados o que puedan derivarse del mismo exige la movilización de medios y recursos de uno o más planes”.

¿Cómo se dilucida quién debe actuar? Hay cuatro situaciones de emergencia, numeradas desde el 0 al 3. La situación 0 se pone en marcha cuando la contaminación afecte de forma limitada al frente costero de un Ayuntamiento, y es la propia entidad local la que la pone en marcha y trata de actuar sobre el vertido. La situación 1 se aplica cuando la contaminación afecta al tramo de costa correspondiente a varios municipios limítrofes; es la comunidad autónoma la que la activa y trata de actuar contra el vertido. Tanto Galicia como Asturias están ahora mismo en esa fase.

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Mientras, la propia comunidad debe decidir cuándo es necesario pasar a la situación 2, en la que los medios disponibles en los planes activados en la situación anterior resultan insuficientes para combatir la contaminación, o bien cuando la zona afectada o amenazada sea especialmente vulnerable. Según el decreto, “en esta situación de emergencia […] el órgano de dirección del plan territorial podrá solicitar del Ministerio de Fomento [ahora Transición Ecológica] el apoyo de medios marítimos y, en su caso, la activación del Plan Marítimo Nacional”. Además, el ministerio debe poner sus medios a disposición de la comunidad que lo solicite.

Por último, la situación 3 se puede activar cuando la contaminación afecte o pueda afectar a la costa de varias comunidades autónomas y solo el Estado puede decidir ponerlo en marcha. “En los casos de emergencia declarados como situación 3, la utilización de medios movilizados con anterioridad por los otros planes del subsistema costero se realizará en el marco de actuación del Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación y siguiendo sus protocolos”.

Elevar el nivel de alerta

La asociación ecologista Adega ha urgido este lunes a la Xunta a elevar el nivel de emergencia a situación 2 del plan anticontaminación Camgal “para la intervención de los medios marítimos del Estado” ante “la marea plástica”, señala Europa Press. Apunta que, de este modo, el Gobierno central podría aportar buques y barreras anticontaminación con el fin de contener la extensión del vertido de ‘pellets’ antes de que lleguen más a las costas.

“Dada la naturaleza de estos materiales y su flotabilidad, resultaría más efectivo controlar su dispersión en el propio mar antes de que arriben a la costa y se depositen en los arenales y en los bancos marisqueros”, razona. “De especial importancia sería reforzar la protección en la boca de las rías y en el entorno de los espacios naturales protegidos, áreas en las que la penetración de estos contaminantes y su persistencia en medio podría suponer un mayor daño ecológico”, añade Adega.

Igualmente, la entidad ecologista ha solicitado una entrevista con los responsables de Medio y Mar en Galicia para conocer las actuaciones llevadas a cabo por la Xunta, a la que demanda mayor transparencia en la información y en las consecuencias del plástico llegado a las costas. Adega organiza diversas jornadas formativas con el voluntariado para coordinar las labores de limpieza y su intervención directa en el litoral afectado. Cree fundamental establecer un protocolo de actuación y una mínima coordinación en las labores de limpieza para no causar mayores daños a los ecosistemas del litoral. “La experiencia acumulada durante la catástrofe del Prestige y las anuales limpiezas simultáneas de playas debe resultar en unos trabajos de voluntariados más efectivos y seguros”.

“Son la Xunta, el Estado y, en última instancia, los municipios los encargados de disponer los medios precisos para hacer frente a esta emergencia ambiental”, opina Adega. “Les exigimos, por tanto, mayor implicación, medios, coordinación y transparencia para que, otra vez, no sea la ciudadanía la que tenga que afrontar en solitario la lucha contra esta nueva catástrofe”, expone.

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