País Vasco, la única autonomía que deja en manos de los centros educativos la regulación del uso del móvil | Educación

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País Vasco es la única comunidad autónoma que ha decidido que la regulación del uso de los teléfonos móviles personales recaiga en los centros educativos, que tendrán que incluir, antes de que finalice 2024, medidas concretas de carácter pedagógico en su reglamento interno. “El Gobierno vasco siempre ha abogado por fomentar la autonomía de los centros y su poder de decisión, cada casuística escolar es diferente y tienen que consensuarlo en el consejo escolar ―donde hay representación del profesorado, las familias y el alumnado, entre otros―”, explican a este periódico desde el departamento de Educación del Ejecutivo vasco (PNV), donde aclaran que, por ejemplo, la escuela rural no tiene siempre las mismas necesidades que los centros ubicados en núcleos urbanos.

Este miércoles, el Ministerio de Educación ha convocado a las consejerías de las comunidades autónomas para trasladarles su recomendación sobre la regulación del uso de los móviles, que coincide con la propuesta que el Consejo Escolar del Estado ―máximo órgano consultivo en materia educativa del Gobierno― aprobó por unanimidad la semana pasada: prohibir el uso de los móviles en primaria y limitar su uso a fines exclusivamente pedagógicos o médicos en secundaria, donde se recomienda que permanezcan apagados desde el momento de entrada a los centros hasta la salida.

En pleno debate sobre la pertinencia de llevar el móvil a la escuela, el pasado 13 de diciembre el Ministerio de Educación propuso a las comunidades autónomas restringir el uso del teléfono móvil en los centros educativos, y desde entonces muchas regiones se han lanzado a regular. En los últimos dos meses, Andalucía (PP-Vox), Murcia (PP-Vox), Canarias (Coalición Canaria-PP), Cataluña (ERC), y Aragón (PP-Vox) han aprobado reglamentos de obligado cumplimiento para los centros en los que se limita el uso a fines estrictamente didácticos. En líneas generales, todas ellas siguen la pauta del veto en infantil y primaria y la limitación en secundaria.

Murcia y Cataluña han dado un paso más que el resto de regiones y establecen que los dispositivos deberán permanecer “apagados”. “La tenencia de móviles en el aula no tiene encaje jurídico, no podemos regularlo, pero sí podemos establecer que permanezcan apagados”, explica el consejero de Educación de Murcia, Víctor Marín, que señala que han adoptado esta medida tras constatar la distracción que supone para los estudiantes ―el tiempo medio que tarda un alumno en recuperar la atención después de recibir una notificación ronda los 20 minutos, según el informe GEM 2023 de la Unesco―. Además, el 20% de las faltas graves cometidas por alumnos de bachillerato y de formación profesional en la región se corresponden con un uso inadecuado de los móviles.

El Ministerio de Educación también lo ha regulado este enero en Ceuta y Melilla, territorios sobre los que tiene las competencias educativas.

Otras autonomías, como Baleares (PP-Vox), La Rioja (PP), Comunidad Valenciana (PP y Vox), Extremadura (PP y Vox), y Navarra (PSN-PSOE, Geroa Bai y Contigo Zurekin) confirman a este periódico su intención de regular, por lo que ya han empezado la ronda de consultas con la comunidad educativa. Asturias (PSOE-IU-Podemos) y Baleares han anunciado que ya tienen un borrador y que la medida podría empezar a aplicarse el próximo febrero. Cantabria (PP) recomendó el pasado septiembre con el arranque del curso a los centros que regulasen el uso de los móviles y “toma nota de las recomendaciones de las diferentes comunidades y de los centros educativos de la región para estudiar los próximos pasos a dar”, señalan desde la consejería a este periódico.

Pese a estar de acuerdo con la recomendación del Consejo Escolar del Estado y del ministerio, la mayoría de consejeros de las comunidades gobernadas por PP y Vox no han acudido a la reunión de este miércoles, y en su lugar han mandado a viceconsejeros o secretarios generales. El consejero de Murcia, Víctor Marín, ha considerado que el Gobierno central “se dedica a copiar buenas prácticas que ya han puesto en marcha las autonomías respecto a la regulación del uso de los dispositivos electrónicos de uso individual, intentando apuntarse un logro con la regulación de materias en las que no tiene competencias”.

A la reunión solo han acudido los consejeros de Asturias, Cataluña y Navarra, y la única autonomía que no ha mandado a ningún representante es el País Vasco, que ha enviado un email al ministerio con un argumentario detallado de por qué no son partidarios de la regulación impuesta desde la administración.

Por su parte, la ministra Pilar Alegría, en declaraciones a este periódico, ha valorado positivamente la reunión mantenida y ha señalado que desde que tuvo lugar el primer encuentro entre el ministerio y las comunidades el 13 de diciembre, siete autonomías han aprobado normativas, e incluso algunas que ya la tenían, como Galicia, la han actualizado para recoger pautas en los recreos. Además, ha indicado, otras siete están ahora en proceso de debate con su comunidad educativa. Preguntada por las acusaciones del consejero murciano, ha considerado que “no conviene perderse en críticas estériles, lo importante es que hay una respuesta común de todas las administraciones”.

Castilla-La Mancha y Galicia fueron las primeras autonomías en prohibir el uso personal del móvil en las aulas ―en 2014 y 2015, respectivamente―, y en 2020 les siguió la Comunidad de Madrid, que amplió la restricción también a los recreos y justificó la medida en diferentes investigaciones, como un estudio de la Universidad de Chicago que mostraba cómo los móviles incluso apagados reducen la concentración, o un trabajo financiado por la Comisión Europea que alertaba de que el 21,3% de los adolescentes españoles presentaba indicios de adicción a la tecnología. Las normativas de las tres regiones dan un margen de autonomía a los centros para permitir el uso de forma “excepcional” y con fines pedagógicos. Por su parte, Castilla y León asegura que ya lo reguló en un decreto de 2007, pero ese documento solo contempla la obligación de los centros de regular “la utilización inadecuada de aparatos electrónicos”, no hace referencia a los teléfonos móviles de uso personal.

El impacto del uso personal del móvil en el rendimiento académico y su empleo para grabar vídeos o lanzar mensajes en redes sociales para hacer bullying a algún compañero han llevado a uno de cada cuatro países en el mundo a aprobar leyes o decretos para prohibir su uso en las aulas, señala el último informe GEM 2023 de la Unesco.

Según la encuesta Sociedad de la Información en los centros. Curso 2020-2021 del Ministerio de Educación, de carácter bienal, el 50,6% de los centros en España permite a los alumnos de la ESO el uso del móvil con fines pedagógicos, y el 57,3% lo hace con estudiantes de bachillerato, mientras que en alumnado de FP básica está en el 50,7%, en el de grado medio en el 60,7% y en el de grado superior en el 63,3%. Por autonomías, Extremadura, Castilla y León y Cataluña son las que más permiten el uso pedagógico en la actualidad

Ninguna de las autonomías se plantea la prohibición total porque entienden que la formación sobre el uso responsable de las tecnologías también debe recaer en el profesorado. “Los extremos no son buenos, y sabemos que obligar a que los chicos se deshagan del móvil para ir al instituto no es natural, el mayor problema son las redes sociales, que nos superan a todos, y tenemos que trabajar el tema de los límites con los adolescentes”, apunta Judith Fernández, de la Xunta.

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