Tres años ha durado el acoso continuado de un grupo de seis menores de edad a un compañero de instituto de una localidad de la provincia de Granada. Cinco chicos y una chica, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, tenían sometido a una auténtica tortura a un compañero de instituto desde que entraron en el centro. Ha sido en tercero de Enseñanza Secundaria Obligatoria, después de tres años de acoso, cuando alguien ha dado la voz de aviso a la policía y los agentes han podido identificar a estos menores, todos ellos de entre 14 y 15 años de edad. Ninguno está detenido pero todos ellos, y sus madres, padres o tutores legales saben que están siendo investigados por este acoso continuado. El abuso ha sido tan largo e intenso que el agredido, también de 15 años, ha desarrollado, según la policía, pensamientos suicidas, ha padecido trastornos del sueño y en ocasiones fingía estar enfermo para no tener que acudir al instituto.
La investigación ha puesto de manifiesto todo tipo de malos tratos que han hecho la vida imposible al agredido. Reiteradas agresiones físicas, incluidas algunas con repercusiones serias en la salud física del acosado; por ejemplo, la policía ha identificado a uno de los menores como responsable de hacer perder el conocimiento al acosado en un recreo a resultas de la maniobra de asfixia conocida como el mataleón, que consiste en, con el agresor desde atrás, asfixiar al agredido apretando con el brazo sobre el cuello para que este no pueda respirar y, en su grado máximo, pierda el conocimiento.
Es el mismo agresor, según ha informado la Policía, que en otra ocasión le pegó una patada de tal calibre que la víctima golpeó una puerta y cayó también aturdido. En otra ocasión fue apedreado, lo que le ocasionó un hematoma en un ojo que tuvo durante cierto tiempo. Además, informan los investigadores, la menor agresora volvió a apretarle con tanta violencia el cuello que le provocó daño cervical del que tardó varios días en reponerse.
A la agresión física, se añade la infligida a través de las redes sociales o los abusos psíquicos en persona. La policía informa de que tres de los agresores se abrieron perfiles falsos en redes sociales en los que manipularon imágenes del joven acosado, además de insultarlo y vejarlo con textos denigrantes. El acoso se completaba con audios en los que vertían amenazas y todo tipo de insultos al móvil del propio joven.
Fuentes de la Delegación de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Granada han informado a este diario de que eran conocedores de la situación de acoso solo desde el inicio de este año, momento en el que se puso en marcha el protocolo contra el acoso. El inicio del protocolo hizo que uno de los acosadores admitiera los hechos, indican desde la delegación. Esas mismas fuentes —que desconocen si el origen de la denuncia está en los docentes o en la familia del acosado—, explican que uno de los pasos de ese protocolo es reunir a las familias de acosado y acosadores para mediar. En este caso, indican, la familia del acosado no se presentó porque prefirió interponer denuncia ante la Policía Nacional y el caso pasó al ámbito judicial. La Policía Nacional no ha informado de algunos detalles como localidad o centro educativo para proteger la privacidad y tranquilidad del menor acosado y su familia.
La información policial evidencia que las secuelas del acoso eran evidentes. A las magulladuras, dolores físicos y señales externas de un origen que no era fácil esconder, se unen las consecuencias psicológicas que en el centro no debían pasar desapercibidas. Así, según la investigación la víctima se ha visto aislada en su instituto, con intentos de agresión permanente en los recreos y a la salida de clase que obligaban al menor a estar siempre atento para esquivar a sus agresores.
Y, sin embargo, a pesar de la evidencia física y mental del acoso, las agresiones se han mantenido en el tiempo durante tres años sin que se haya avanzado nada hasta la reciente identificación. Ahora, la nota policial informa de que los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores. EL PAÍS ha contactado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras la emisión del comunicado de Policía Nacional, a mediodía de este lunes 26 de febrero, y desde ahí han informado de que no tenían conocimiento de los hechos.