El nuevo ‘informe PISA español’ examinará en abril de lengua, matemáticas y ciencias a casi un millón de estudiantes | Educación

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Cerca de 980.000 alumnos, todos los que están matriculados en cuarto de primaria (10 años) y segundo de la ESO (14), se examinarán en abril (y en algún caso mayo) de las principales áreas de conocimiento en la primera de las grandes evaluaciones previstas en la actual ley educativa, la Lomloe. La prueba se repetirá a partir de ese momento cada año en los mismos niveles. Los estudiantes se examinarán de matemáticas, castellano, idioma extranjero, sociales (geografía e historia), ciencias y, en su caso, lengua cooficial. Y tanto ellos como sus familias y docentes responderán cuestionarios sobre sus condiciones socioeconómicas, culturales, el clima de los centros y otros factores que rodean la actividad escolar. La gran cantidad de información recopilada arrojará luz sobre la situación del sistema educativo y podrá ser utilizada para mejorar las decisiones educativas, tanto a escala de las administraciones central y autonómica, como de cada centro y hogar. España se pondrá así en hora con los países de su entorno, algunos de los cuales llevan décadas realizando exámenes de ese estilo.

El hecho de carecer de pruebas propias, ha convertido al país en especialmente dependiente de evaluaciones internacionales, como PISA, que sacuden regularmente el debate educativo español. A diferencia de esta, sin embargo, la llamada “evaluación de diagnóstico” no se basará en una muestra de alumnos ―en la última edición de PISA, publicada en diciembre, participaron 30.000 chavales españoles―, sino en el censo completo de estudiantes de dos cursos. La agenda evaluadora de la Lomloe contempla una segunda prueba más parecida todavía a PISA, en el sentido de que también será muestral, en principio trianual, y se celebrará en los últimos cursos de primaria y la ESO. Esta otra valoración, llamada Evaluación General del Sistema, tendrá lugar por primera vez en 2025 para sexto de primaria y en 2026 para cuarto de la ESO, y los exámenes serán iguales en toda España, a diferencia de la prueba censal que se realizará el próximo mes de abril, en la que las preguntas van a ser definidas por cada territorio después de haber concretado con el Ministerio de Educación un “marco general” común.

“Es una buena noticia”, dice Luís Lizasoain, profesor jubilado de Métodos de investigación y de Evaluación educativa de la Universidad del País Vasco. “El objetivo de pruebas como PISA, es comparar por países y hacer rankings, mientras que las evaluaciones de diagnóstico tienen la función de informar y ayudar a la mejora. Por eso abarcan a todo el censo escolar de unos cursos determinados y están alineadas con el currículo (el documento que fija los contenidos, objetivos educativos y otros elementos que definen qué se enseña en un país o territorio específico)”. Al examinar a todo el alumnado de determinados cursos, ofrece una información especialmente valiosa sobre los centros educativos en los que estudian, así como seguir su evolución. Lizasoain considera especialmente importante la estabilidad y continuidad en el tiempo de este tipo de pruebas “para ver hasta qué punto las cosas mejoran e inciden positiva o negativamente”.

Algunas comunidades realizan sus propias evaluaciones censales (Euskadi, desde 2009). Para el conjunto de España, aparte de algunas experiencias previas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha una prueba muy parecida a la nueva tras la aprobación en 2006 de la Ley Orgánica de Educación. Llegó a realizarse la primera edición, en el curso 2009-2010. El PP la eliminó, sin embargo, al llegar al poder y la sustituyó por un modelo de exámenes de reválida al término de la primaria y la ESO que las comunidades autónomas, incluidas las del Partido Popular, rechazaron, y acabó por no hacerse ninguna. “Básicamente, hemos perdido década y media, un tiempo en el que todos los países de nuestro entorno se han dedicado a hacerlas, y ahora toca acelerar y remar más rápido”, dice Lucas Gortazar, director de Educación de EsadeEcPol.

Las pruebas censales como las que España va a retomar ahora, en las que cada centro recibirá informes sobre sus resultados y elaborará planes de mejora, “influyen en lo que se enseña y cómo se enseña”, afirma Gortazar. Si, como va a suceder con esta evaluación, las pruebas están diseñadas de forma competencial, ello puede servir para avanzar hacia dicho enfoque en las aulas ―es decir, a un planteamiento más basado en resolver problemas movilizando los conocimientos que han ido adquiriendo en clase―.

Los resultados por centros no se divulgarán para evitar que se elaboren rankings, ahondando así en dinámicas de segregación escolar, y menos todavía podrán publicarse datos de estudiantes concretos. Cada autonomía decidirá cómo abordar la comunicación a las familias, desde elaborar informes específicos que incluyan recomendaciones de mejora, a simplemente ofrecer la posibilidad de consultar los resultados.

Gortazar cree que sería muy útil que los exámenes de las distintas autonomías incluyeran al menos algunos ítems comunes, aunque el resto de la prueba tuviera preguntas distintas adaptadas a sus currículos específicos, porque solo con eso ya cabría realizar, por ejemplo, comparaciones por provincias. Pero ello no está previsto. Ministerio y comunidades sí pactaron los “marcos comunes” del diseño de las evaluaciones de cada materia (o para ser más precisos, de cada competencia), que incluyen algunos ejemplos de preguntas y pueden consultarse aquí y aquí. Pero cada territorio ha elaborado después sus exámenes, y puede haber diferencias incluso en alguna de las competencias evaluadas. Navarra, por ejemplo, que también realiza evaluaciones de diagnóstico desde hace más de una década, examinará a su alumnado de cuarto de primaria, a principios de mayo, de castellano, inglés, y matemáticas, y a los de segundo de secundaria, a mediados de abril, de las mismas competencias, a las que se añadirán las científicas. Tanto en una etapa como en otra, los estudiantes que estudian en el programa en euskera se examinarán además de la competencia en esta lengua.

Los cuestionarios de contexto que acompañarán a los exámenes incluirán cuestiones como el lugar de nacimiento; la lengua materna; si se ha repetido curso; la actitud hacia las diferentes áreas de conocimiento; el clima en el centro escolar; la habilidad en las herramientas digitales; el empleo y nivel de estudios, en el caso de los progenitores; los recursos educativos, como libros, que hay en el hogar; la experiencia y satisfacción con el trabajo, en el caso del profesorado; las posibles “limitaciones” que este considera que encuentra a la hora de enseñar debido “a las características del alumnado”; las estrategias docentes; la forma de organización del centro; los recursos de que dispone…

Una gran cantidad de datos, entre académicos y de contexto, que, señala Gortazar, permitirán profundizar en múltiples cuestiones. Comparar centros por titularidad, o por tipo de jornada escolar, partida o continua ―en el caso de que ello se incluya en las preguntas sobre la organización de los centros―. Observar posibles sesgos del profesorado, por ejemplo, contrastando el hecho de que un alumno sea repetidor con su grado de conocimientos en la evaluación externa. Identificar qué centros lo están haciendo mejor o peor de lo que cabría esperar atendiendo al nivel socioeconómico de su alumnado. Analizar los efectos del clima escolar en los resultados educativos. Y muchos otros.

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