Publicado por La situación financiera de Telefónica del Perú ha alcanzado un punto crítico, evidenciado por las recientes acciones tomadas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) de Perú. La entidad ha procedido a embargar inmuebles de la compañía por deudas tributarias relacionadas con el Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2000, 2001 y 2009. El monto total de estos embargos asciende a aproximadamente 832.7 millones de soles peruanos, equivalentes a cerca de 226 millones de dólares. Estas medidas buscan asegurar el cobro de las obligaciones fiscales pendientes de la empresa.
A pesar de la gravedad de estas acciones, Telefónica del Perú ha asegurado que la continuidad de sus servicios de telecomunicaciones no se verá afectada. La empresa enfatizó que la integridad de sus operaciones es esencial para cumplir con sus obligaciones dentro del procedimiento concursal en curso. Este proceso fue iniciado por la compañía en febrero de 2025, con el objetivo de reestructurar sus obligaciones financieras y garantizar la prestación ininterrumpida de servicios a más de 13 millones de usuarios en todo el país.
La situación financiera de la empresa se ha visto agravada por una sentencia de la Corte Suprema del Perú, que ordenó a Telefónica del Perú pagar 854.7 millones de dólares en impuestos correspondientes a los años 2000 y 2001. Esta decisión judicial ha tenido un impacto significativo en las finanzas de la compañía, contribuyendo a su actual estado de insolvencia.
Con el fin de reducir sus obligaciones económicas, Telefónica del Perú fue vendida el 13 de abril de 2025 a la compañía argentina Integra Tec International por cerca de 900,000 euros. En el marco de este convenio, Integra Tec asumió una deuda que supera los 1,200 millones de euros y acordó comprar el 99.3% del capital de la empresa, comprometiéndose a realizar una oferta pública de adquisición por el 0.7% restante.
La comercialización de la sucursal en Perú forma parte de una táctica más extendida de Telefónica para disminuir su presencia en América Latina, siguiendo recientes ventas en Argentina y Colombia. La empresa ha lidiado con importantes obstáculos financieros en la zona, entre ellos prolongadas disputas fiscales y decisiones administrativas que han impactado su competitividad en el mercado.
En este momento, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dispone de un período de 90 días laborales, que finaliza el 3 de julio de 2025, para decidir sobre la solicitud de procedimiento concursal presentada por Telefónica del Perú. La autorización de este proceso es esencial para la reorganización financiera de la compañía y para que continúe con sus operaciones en el país.
La situación de Telefónica del Perú refleja los desafíos que enfrentan las empresas multinacionales en mercados con entornos regulatorios complejos y disputas fiscales prolongadas. La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas para la inversión extranjera y la estabilidad del sector de telecomunicaciones en Perú.