El pasado año, Abhay Dang y Supriyo Chakraborty hicieron una petición al Tribunal Supremo de India: estos dos hombres se habían casado en 2021, pero el Estado no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, y querían que lo hiciera, otorgar los mismos derechos y la misma legitimidad a su unión que tienen las parejas heterosexuales. Tras ellos, una más hizo la misma petición, y varias más ya lo habían hecho en distintos tribunales del país; el Tribunal decidió unir todas esas peticiones y estudiarlas de forma conjunta. Ocurrió entre abril y mayo, y este martes ha emitido su veredicto: ha rechazado legalizar el matrimonio igualitario. Según el presidente del Supremo, D.Y. Chandrachud, este paso no corresponde al ámbito de la justicia sino que es competencia del Parlamento. Una cámara que ya se ha pronunciado varias veces sobre esta cuestión, oponiéndose a dar este paso que convertiría a India en el tercer país asiático que reconoce el matrimonio igualitario, junto a Taiwán y Nepal.
Cuando el Supremo informó de que estudiaría las peticiones, el gobierno del primer ministro Narendra Modi las llamó “puntos de vista elitistas urbanos”, dijo que esas uniones no eran “comparables con el concepto de unidad familiar india de marido, mujer e hijos”, y afirmó que era el Parlamento, y no los tribunales, la plataforma adecuada para debatir y legislar sobre la materia. Y en esa línea ha emitido su fallo el Supremo.
Un tribunal de cinco jueces, encabezado por Chandrachud, ha comenzado la lectura de su veredicto afirmando que había cierto grado de “acuerdo y desacuerdo sobre hasta dónde llegar” con las uniones entre parejas del mismo sexo. Dos de los otros cuatro jueces coincidieron con Chandrachud, lo que convirtió la negativa en la decisión mayoritaria; los otros dos jueces aún no han hablado.
Este fallo, que la comunidad LGTBIQ india esperaba con expectación, llega cinco años después de la histórica sentencia que acabó con la ley del siglo XIX que penalizaba la homosexualidad en el país más poblado del mundo. En 2018, también cinco magistrados del Supremo decidieron por unanimidad la despenalización de la homosexualidad. La sentencia estableció que “las relaciones sexuales entre adultos homosexuales en privado no constituye una ofensa” y que cualquier norma que persiga estas prácticas es “discriminatoria y una violación de los principios constitucionales”.
Esa decisión judicial puso fin a una década de lucha por el reconocimiento de los derechos de los homosexuales y el colectivo consiguió cambiar un marco legal que, hasta ese momento, estaba regido por una ley colonial de hacía más de 150 años. Este martes, ese paso más que la comunidad LGTBIQ del país más poblado del mundo esperaba, no ha llegado.