El grupo jurídico liderado por la abogada Odila Castillo Bonilla publicó un firme pronunciamiento el martes 1 de octubre, desmintiendo las acusaciones que han circulado últimamente en diferentes plataformas de comunicación en Panamá.
La defensa describió estas publicaciones como ofensivas y deliberadas, impulsadas por intereses económicos específicos y creadas para perjudicar la imagen profesional y la vida privada de Castillo.
La defensa de Castillo sostiene que carecen de base y vulneran derechos
Carlos Carrillo, parte del equipo legal de Castillo, afirmó que las acusaciones no tienen sustento y pretenden obstaculizar la trayectoria profesional de la joven abogada y su socia. Indicó que tras estas ofensivas se encuentran intereses económicos encubiertos que intentan aprovecharse del desprestigio de Castillo.
La defensa enfatizó que este no es el primer asalto mediático que enfrenta la abogada. Rememoraron un incidente similar que tuvo lugar en 2021, cuando un medio panameño divulgó información incorrecta sobre una supuesta arresto de Castillo, noticia que fue rectificada más tarde.
Verdades incompletas y transgresión de la confidencialidad
De acuerdo con el equipo legal, tanto las denuncias actuales como las de 2021 están fundamentadas en “medias verdades”, distorsionadas con el propósito de afectar la práctica profesional de la abogada Odila Castillo. Además, denunciaron que la información divulgada infringe los principios de confidencialidad, dado que parte de la investigación se origina de un proceso familiar que ya ha concluido.
Asimismo, se hicieron públicos datos delicados, como registros migratorios y declaraciones tributarias, información que, según la defensa, fue adquirida de manera ilícita.
Monitoreo ilegal y procedimientos legales en trámite
La defensa dio a conocer que Castillo ha sido objeto de seguimiento a través de GPS, lo que constituye una evidente transgresión de su privacidad y un tipo de monitoreo ilegal. Carrillo destacó que se han pisoteado los derechos fundamentales de su representada, protegidos por la Constitución y las leyes de Panamá.
Anunció que se llevarán a cabo todas las acciones legales pertinentes para establecer la responsabilidad por los daños ocasionados y aquellos que se busquen infligir. El equipo jurídico se mantiene resuelto en su objetivo de defender a Castillo y llevar ante la justicia a quienes están detrás de esta campaña de difamación.