Ana Barreira, abogada: “Es necesario tener jueces especializados en medio ambiente igual que los hay en género o menores” | Clima y Medio Ambiente

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Los litigios climáticos están al alza en el mundo. Los activistas han encontrado en los tribunales una vía para intentar que las administraciones sean más ambiciosas en la lucha contra el cambio climático, para señalar a las empresas más contaminantes o para frenar proyectos de combustibles fósiles que alimentan más esta crisis. El número total de casos en todo el mundo ha pasado de 884 en 2017 a 2.180 en 2022, según el último informe sobre litigios climáticos que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. EE UU encabeza el listado de las naciones con más casos presentados, pero estos pleitos se expanden por el resto de países desde hace años. Y por cortes internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde hay varios casos abiertos, como el de los seis jóvenes portugueses que han demandado a 32 países. Ana Barreira (56 años, Madrid) es abogada y la directora fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), una organización creada en 1997 que emplea el derecho para impulsar la protección mediaambiental.

Pregunta. ¿Qué tipos de litigio climático existen?

Respuesta. Hay muchísimas tipologías. Los más conocidos, y los que acaparan más la atención de los medios de comunicación, son los que se dirigen contra los Estados y están impulsados por ciudadanos que exigen mayor ambición climática a sus gobiernos. Pero también los hay contra empresas. En Europa, ya se han producido algunos de este tipo, pero donde más se han dado es en los Estados Unidos. También se puede considerar un litigio climático aquel que se interpone, por ejemplo, contra la construcción de una central térmica de carbón o una central de ciclo combinado, porque expulsan gases de efecto invernadero. En España ya no nos encontraríamos con el caso de una central de carbón, debido a que es algo que ya está en extinción completamente, pero en muchísimos otros países del mundo se siguen construyendo. Otros pueden ser aquellos pleitos que tienen que ver con la falta de aplicación de la evaluación de impacto ambiental en un proyecto que puede generar más emisiones, como sucedió en la extensión de una de las pistas del aeropuerto de Heathrow. O sea, la tipología es múltiple y también son múltiples los argumentos que se pueden utilizar.

P. ¿El activismo medioambiental y el climático tiene una larga trayectoria en los tribunales?

R. El primer litigio climático registrado tuvo lugar en los años noventa y fue un caso en Australia contra la construcción de una central térmica de carbón, pero luego se han ido sucediendo y aumentando a medida que se ha ido desarrollando la legislación en materia de lucha contra el cambio climático. Sobre todo, tras la firma de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1992. Si observamos las estadísticas, el lugar donde más litigiosidad climática hay es en los Estados Unidos. Eso está relacionado, por un lado, con que realmente en EE UU se ha hecho muy poco en materia de lucha contra el cambio climático. Y por otro, se debe a que tiene un sistema judicial muy diferente donde hay que sentar precedentes, que son la fuente primera del derecho, frente a los sistemas de derecho civil, como el que tenemos en España o en muchos países de la Unión Europea y América Latina, donde la primera fuente del derecho es la ley.

P. ¿Consideras que los litigios han sido una herramienta útil hasta ahora?

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R. Creo que todas las herramientas para hacer frente al cambio climático son útiles. Hasta ahora ha habido casos que han servido para impulsar esa lucha, aunque otros no han sido útiles. Hay casos que han sentado un precedente o que han llamado mucho la atención, como el famoso caso Urgenda en Países Bajos, que se basaba en unos argumentos más o menos similares a los del caso Juliana en EE UU. Pero también ha habido pleitos previos muy interesantes pero a los que los medios de comunicación no prestaron atención. Ahora se emplea mucho el argumento de la defensa de las generaciones futuras, pero en 1994 hubo un caso paradigmático en Filipinas en el que ya se usó ese razonamiento frente a unos planes que implicaban deforestación, que está relacionada con el cambio climático porque frena la absorción del dióxido de carbono. Y en ese caso se utilizó por primera vez el concepto que defendía la comisión Brundtland de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Fue un caso impulsado por unos niños en Filipinas. A lo mejor si se le hubiera prestado atención como en el caso Urgenda hubiera tenido mucho más impacto social y en más países.

P. ¿Cree que los jueces son ahora más sensibles a este tipo de casos climáticos en los que se defienden los derechos de generaciones futuras?

R. Hablar de los jueces en general es muy complicado, porque depende de las jurisdicciones, de las tradiciones judiciales y también de la formación de la judicatura en cada país. Hay países en los que hay tribunales especializados en temas ambientales, cosa que, por ejemplo, en España no tenemos. Pero los jueces también son ciudadanos y hoy en la sociedad hay mayor concienciación que hace 10 o 20 años. Ahora, a la hora de analizar un caso, se ve de otra manera. Esto influye, porque, aunque se debe aplicar la ley, hay un nivel de subjetividad. Por eso creo que sí hay mayor receptividad, y esto se traslada a las sentencias.

P. ¿Y en su instituto han notado este cambio?

R. En nuestra labor en España notamos mejoras, pero muy limitadas y en algunos temas. Depende también del caso que lleves ante los tribunales, porque hay normas que son muy sencillas de entender pero hay otras de una gran complejidad técnica y, a veces, la argumentación creo que no es bien comprendida por la judicatura. Hay excepciones, obviamente, pero el problema es no hay una buena formación, no se ha formado a la judicatura apenas en estas materias. Igual que hay, por ejemplo, una fiscalía especializada en materia ambiental y juzgados dririgidos a otras materias, creemos que es necesario crear salas o jueces específicos para medio ambiente igual que los hay en materia de género o de menores.

P. El 27 de septiembre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos celebrará la vista del caso de los seis jóvenes portugueses que acusan a 32 países de inacción frente al cambio climático. ¿Qué significa que el litigio haya llegado hasta este tribunal?

R. La demanda se presentó en 2020, antes de que la Unión Europea y muchos Estados revisaran sus compromisos climáticos y ahora estamos en una situación muy diferente. No sé qué va a pasar, pero creo que es importante. Solo el hecho de que llegue al tribunal provoca que los medios se hagan eco, y eso crea concienciación. Esto forma parte de lo que se llaman litigios estratégicos y que se utilizan mucho en el sistema anglosajón. A veces, hay personas que ponen un pleito sabiendo de antemano que no lo van a ganar, pero lo hacen para llamar la atención, para poner sobre la mesa un problema que es urgente tratar.

P. Es más importante el litigio que la sentencia…

R. No tengo una bola de cristal para saber que decidirá el tribunal. Pero si no declara a favor de los litigantes, todo este proceso impulsa cambios en la legislación.

P. Llama la atención que este caso haya llegado hasta el TEDH cuando el derecho al medio ambiente no está incluido en la Convención de los Derechos Humanos.

R. La Convención Europea de los Derechos Humanos se firma, en los años cincuenta, cuando la sociedad no era igual que ahora. El medio ambiente no era algo que preocupara la sociedad y ha habido una evolución. En la convención están recogidos los que se denominan derechos humanos de primera y segunda generación, pero los de tercera, que son de carácter difuso, no están. Como consecuencia del proceso de degradación ambiental y su afección a otros derechos, se ha empezado a introducir en muchas constituciones nacionales desde los años setenta el reconocimiento al derecho a un medio ambiente sano o saludable. Incluso en otros tratados a nivel regional de protección de derechos humanos también se incluye. En Europa, no se ha llevado a cabo una reforma todavía, pero creo que se va a producir, seguramente, también como consecuencia del reconocimiento al derecho a un medio ambiente saludable por parte la Asamblea General de la ONU.

P. En España, el primer litigio climático contra el Estado ha acabado siendo rechazado por el Supremo. ¿Cree que podría prosperar un pleito que condene al país a presentar planes de recorte de emisiones más ambiciosos?

R. Ya hemos visto que se ha desestimado la demanda. No creo que ahora mismo sea posible. Además, la Unión Europea, que es la que marca la política climática en gran parte a España, va a ir aumentando sus compromisos. Yo que he visto todo el desarrollo europeo, pienso que la UE es muy ambiciosa. Siempre ha sido un líder en la lucha contra el cambio climático y, de hecho, en las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático fue la que puso en la mesa fijar objetivos de reducción de emisiones, pero nadie más quiso. Se están haciendo muchas cosas en Europa, como los cambios en la legislación, las renovables, la edificación… Nos fijamos mucho en lo macro, pero no en lo micro y en todas las transformaciones que se están generando. Llevo toda mi vida profesional enfocada en estos temas y considero que durante 20 años no pasaba apenas nada, era todo muy lento, pero desde la firma del Acuerdo de París, en 2015, es increíble todos los cambios que se están dando. Evidentemente, se tiene que avanzar mucho más, no lo niego.

P. Bajando a lo micro. ¿Puede tener recorrido un pleito contra un alcalde por eliminar carriles bici como está ocurriendo tras las elecciones municipales en algunos ayuntamientos?

R. Creo que podría tener recorrido porque supone adoptar medidas para obstaculizar la movilidad sostenible, que es un elemento muy importante para hacer frente al cambio climático, porque las ciudades contribuyen muchísimo con sus emisiones al calentamiento global.

P. Otro caso muy llamativo es el de las zonas de bajas emisiones, ¿cómo es posible un incumplimiento tan masivo de la Ley de Cambio Climático por parte de los alcaldes que no han implantado estas zonas?

R. Hay muchos incumplimientos de muchas leyes y luego no pasa nada. Para esto precisamente están los tribunales. Aunque primero para cumplir con las leyes se requiere es dotar de medios a las Administraciones.

P. Hay una línea de ayudas europeas para los ayuntamientos para poner en marcha estas zonas.

R. Claro, por eso no hay ninguna justificación lógica o razonable para que esto no se haya hecho. En este caso, hay un incumplimiento de una ley y se puede acudir a los tribunales.

P. Aunque luego los tribunales pueden decidir cosas como la eliminación de una supermanzana en Barcelona, algo difícil de comprender para muchos de los que viven allí.

R. Es muy importante formar a la judicatura en estas cuestiones. Además, ahora mismo en España tenemos una situación preocupante porque todo está excesivamente politizado. En los medios se habla de la politización de la judicatura, pero tenemos unos elevados niveles de politización en todo.

P. Hasta los carriles bici están politizados.

R. Si puede ser un ejemplo… En muchos países de nuestro entorno se utilizan y en China y en muchísimos lugares. Además, tienen ventajas ambientales, pero también que la población se mueva en bicicleta es beneficioso para la salud. Y eso puede tener hasta un impacto positivo en los costes sanitarios, debido a la menor incidencia de algunas enfermedades. Muchas veces no vemos los temas de una forma sistémica y olvidamos las interrelaciones que hay.

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